Por: Álvaro Garcia Velázquez - Abogado.
En los próximos días se conocerá
la decisión que deberá adoptar la Corte Constitucional sobre la reforma
pensional que fue aprobada en el Congreso de la República, por iniciativa del
gobierno del presidente Gustavo Petro. La reforma pensional, que modificó de
manera estructural el sistema de pensiones, es la única reforma social que ha
podido aprobar el gobierno, quien ha sido víctima del manoseo criminal por
parte de los congresistas de oposición, entre ellos, de las bancadas del Centro
Democrático, el Partido Liberal gavirista, los conservadores pastranistas, los
verdes claudistas y unos cuantos pastores religiosos que, aprovechándose de la
incauta fe de sus seguidores, apoyan la política tradicional que tanto daño le
ha hecho a Colombia.
Con conocimiento de causa, puedo
decir que la reforma pretende implementar el pilar solidario, en virtud del
cual se dará a los adultos mayores en situación de pobreza extrema y mayores de
65 años una renta básica de 225.000 pesos, que configurará un ingreso vitalicio
y digno, que buscará contribuir a erradicar el problema de hambre y abandono
por el que atraviesan aproximadamente 3.000.000 de ancianos y ancianas en el
país. Reconocemos que no es suficiente; sin embargo, el esfuerzo político
materializado en la reforma pensional responde al mandato conferido por más de
11 millones de compatriotas que depositaron su confianza en el gobierno actual
y que claman porque aquella reforma no sea declarada inexequible por la Corte
Constitucional en los próximos días.
Es que el clamor popular reclama
que la Corte no declare inconstitucional la esperanza de una vejez digna para
aquellos ciudadanos colombianos que han recibido algo más que el abandono del
Estado. Recordemos que, bajo el modelo actual de la Ley 100 de 1993, uno de
cada cuatro colombianos en edad de pensionarse lo hace, y en el plano de las
mujeres, una de cada ocho alcanza la mesada pensional.
Vale la pena preguntarse si, con
esas aterradoras cifras, era o no necesaria la reforma pensional, y si esa
profunda inequidad del modelo pensional colombiano debe llevar a la ciudadanía
a defender en las calles la constitucionalidad de una reforma que busca mejorar
los índices de pensión en el territorio nacional. Por ello, a la Corte
Constitucional le pedimos que no declare inexequible la esperanza de una vejez
digna para los adultos mayores pobres de Colombia.