Por: Felipe Jaramillo Sánchez – Concejal.
En medio de la complejidad que representa la actualización
catastral en Chinchiná, han emergido en redes sociales una serie de voces autodenominadas
como “salvadores del pueblo”, quienes, sin mayor sustento técnico, han decidido
sacar pecho frente a temas que ameritan profundidad, rigurosidad y conocimiento
especializado. Con discursos altisonantes, pretenden erigirse como expertos en
asuntos tributarios, contables y tarifarios, abordando conceptos como avalúos,
prediales y obligaciones fiscales, sin mayor comprensión de su fundamento
legal, técnico o económico.
Durante el año 2024, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), en convenio interadministrativo con la Administración Municipal de
Chinchiná, adelantó el proceso de catastro multipropósito en el municipio. Como
parte del desarrollo de este proceso, se llevaron a cabo múltiples jornadas de
socialización y pedagogía, con el fin de informar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre los impactos, implicaciones y beneficios de esta
actualización. Sin embargo, la asistencia fue mínima. Ni las comunidades organizadas,
ni los propietarios de predios, y mucho menos quienes hoy se pronuncian
airadamente en redes sociales, participaron de forma activa o continua en
dichos espacios.
Hoy, cuando los efectos de este proceso comienzan a ser
evidentes en los avalúos y en el incremento de los impuestos prediales, es
comprensible que algunos ciudadanos se sientan inconformes, confundidos o
afectados. Su derecho a reclamar, solicitar aclaraciones o expresar su
descontento es legítimo y debe ser respetado. Lo que no es aceptable es que se
pretenda instrumentalizar esa inconformidad con fines políticos o de
protagonismo personal, sin brindar soluciones reales ni asumir
responsabilidades colectivas.
Vale la pena recordar que esta actualización catastral no es
una decisión caprichosa de la administración actual, sino una obligación legal
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y en la normatividad vigente, que
exige a los entes territoriales contar con catastros actualizados como parte
del proceso de fortalecimiento fiscal y autonomía financiera. Durante años,
administraciones anteriores postergaron esta tarea, incurriendo en hallazgos
reiterados por parte de la Contraloría Departamental. No asumir esta
responsabilidad habría significado seguir acumulando sanciones administrativas
y retrasos en la modernización de los sistemas de información territorial.
Además, es importante entender que, si bien la ley busca
mayor equidad y eficiencia en la distribución de cargas tributarias, también
puede generar impactos que no siempre favorecen a las clases populares. Esta es
una discusión que debe darse con responsabilidad, conocimiento y empatía, no
desde la desinformación ni desde la confrontación mediática.
Lamentablemente, los momentos de incertidumbre son caldo de
cultivo para los oportunistas de siempre, que aprovechan la coyuntura para
alimentar el malestar y atacar a quienes, con dificultad, asumen el costo
político de hacer lo correcto. Gobernar no siempre es popular, pero es un deber
que requiere tomar decisiones pensando en el largo plazo, no en los aplausos
inmediatos.
Finalmente, hacemos un llamado a todos los ciudadanos que se
sienten afectados o tienen dudas, para que hagan uso de los canales
institucionales establecidos. Durante los próximos días, podrán presentar sus
reclamaciones y en el mes de mayo, tendrán la oportunidad de participar
activamente en los debates programados en las sesiones ordinarias del Concejo
Municipal. Este es el escenario propicio para construir, deliberar y aportar
desde la verdad y el respeto, no desde la desinformación y el oportunismo.