Por: José Octavio Cardona León – Representante a la Cámara.
Hace varias décadas
era normal que los municipios se quedaran incomunicados en temporadas
invernales. Hoy, varias décadas después, es más normal que antes.
Después de muchos años,
muchos derrumbes y muchos muertos, el país no se ha podido preparar para
atender las inclemencias del invierno, y tal vez por esa razón, por estas
calendas muchas vías municipales, departamentales e incluso algunas nacionales
están cerradas o fuera de servicio.
La mayoría de los
municipios de quinta y sexta categoría no tienen, presupuestalmente, cómo
adquirir combos de maquinaria amarilla para atender las contingencias, y menos
aún para hacer el mantenimiento rutinario de las vías. Por lo tanto, cada vez
que llega el invierno, no tienen otra opción que pedir ayuda a los gobiernos
departamentales, muchos de ellos también carentes de dicha maquinaria. Ante
esto, la única salida suele ser la contratación urgente de volquetas,
retroexcavadoras y bulldozers.
Un ejemplo claro es el
departamento de Caldas. Hace menos de una semana, debido a las fuertes lluvias,
12 carreteras estuvieron cerradas y varios municipios incomunicados, porque no
hay maquinaria suficiente para tanta necesidad.
Lo anterior sería
intrascendente si no fuera porque el gobierno nacional es, en gran medida,
responsable de lo que hoy ocurre en los municipios. Y no me refiero únicamente
al actual gobierno, sino a los últimos diez gobiernos del país, que han sido
ajenos a esta problemática y no han tomado la decisión firme de apoyar el
mejoramiento de las vías municipales, ni tampoco las departamentales.
Pero lo más dramático
de esta historia es que muchas soluciones están —o estarán— soportadas en la
existencia de maquinaria amarilla en los municipios, la cual los alcaldes no
adquieren por falta de presupuesto y la nación no entrega por falta de voluntad.
Cuando hablo de falta
de voluntad, me refiero al hecho constante de observar la quema de maquinaria
amarilla que es utilizada en actividades de minería ilegal, la cual la nación
incauta y luego destruye mediante detonaciones y quemas, cuando esa misma maquinaria
podría ser de gran ayuda y alivio en muchos municipios.
Mientras los alcaldes
mantienen incomunicados sus municipios, la nación expide decretos para
legalizar la quema de estos aparatos tan necesarios en las vías terciarias. Es
así como, por ejemplo, mediante el Decreto 1035 de 2024 se faculta a las
Fuerzas Militares para destruir maquinaria amarilla utilizada con fines
ilícitos, lo cual es insensato. Eso significa renunciar a la posibilidad real
de contar con máquinas para remover derrumbes, destapar vías, ampliar caminos,
hacer mantenimiento de la malla vial. No sobra decir que desde 2012, en el
Decreto 2235, y en 2015, en el Decreto 1070, artículo 2.5.7.1, se ordena la
“Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de
exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias
previstas en la ley”. Es decir, hace más de 10 años se tiene contemplada esta
medida, que es justamente lo que debe cambiarse.
Hace poco fue muy
diciente observar en las noticias la quema de una maquinaria en el oriente de
Caldas, lo cual fue previo a otra noticia que informaba que el municipio donde
había sido incautada y quemada esa maquinaria estaba incomunicado por derrumbes
en la vía. Ante esto, entendí que las autoridades habían quemado la solución.
No podemos seguir
destruyendo las soluciones. Seguro que no. Pues mientras las cámaras ven el
humo, los ciudadanos ven el derrumbe. Y así, sí resulta muy difícil.
La nación está en mora
de establecer un programa para entregar a los alcaldes y gobernadores la
maquinaria amarilla que se encuentre en buenas condiciones. Con ello, realmente
no ganan los alcaldes: ganan los ciudadanos.
En enero de 2014, y en
aplicación del Decreto 2235, se dinamitó la primera máquina amarilla en
Colombia. Ocurrió en el Tolima. Con ello, ya ajustamos más de 10 años quemando
o dinamitando la solución vial de los municipios del país. Tan cierto es que
las máquinas quemadas nos habrían dejado con excelentes vías, que para hacer un
breve análisis basta decir que solo en 2023 se quemaron o inutilizaron 587
máquinas amarillas. Es decir, de haberse entregado a los alcaldes, la mitad de
los municipios de Colombia habría recibido, al menos, un cargador, una
retroexcavadora o un bulldozer. Y en diez años de quemas constantes, cada uno
tendría cuatro o cinco equipos: un verdadero combo de maquinaria por municipio.
Sería tanto como establecer
un programa parecido al que se tiene con los bienes incautados al narcotráfico,
que se han convertido en casas, fincas, lotes y demás bienes útiles para los
procesos de reparación de víctimas o, cuando menos, para desarrollar programas
en beneficio de adultos mayores, campesinos, desplazados, estudiantes y otros
grupos poblacionales que han sido víctimas del narcotráfico, pero que con el
tiempo se han convertido en beneficiarios de los recursos adquiridos por los
criminales.
Es preferible tener
las máquinas amarillas botando tierra que echando humo. Vale la pena
considerarlo.