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El Tribunal Administrativo
de Caldas admitió una acción popular presentada por el personero municipal Sergio López Arias contra la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional
de Vías (INVIAS), en busca de proteger los derechos e intereses colectivos de
la población del municipio. Esta acción judicial, representa un paso
significativo en la lucha por la equidad en la distribución de las cargas
públicas relacionadas con los peajes instalados en la región.
Según lo establecido en la
demanda, la comunidad de Chinchiná soporta actualmente una carga
desproporcionada al estar rodeada por cuatro peajes, lo que ha generado
inconformidad y ha sido motivo de múltiples quejas por parte de los ciudadanos
y líderes locales. El documento solicita que se convoquen reuniones de
socialización del proyecto de concesión vial proyectado a partir del año 2027,
permitiendo la participación activa de los habitantes del municipio en el
diseño y evaluación del mismo.
Uno de los puntos más
sensibles de la demanda tiene que ver con el derecho fundamental a la igualdad.
La Personería exige que se garantice el equilibrio de las cargas públicas en la
estructuración de la concesión vial, tanto en la definición de las tarifas como
en la distribución de las inversiones derivadas del proyecto. Esto implica que
no solo se busque una tarifa justa y equitativa para los peajes, sino que
también se asegure que los recursos recaudados se inviertan de forma
proporcional en los tres departamentos involucrados: Caldas, Risaralda y
Quindío.
Asimismo, el documento
exige que se agote el requisito constitucional de consulta previa con los
campesinos de las 21 veredas del municipio de Chinchiná, reconociéndolos como
sujetos de especial protección constitucional. Esta medida busca garantizar que
las decisiones que se tomen en torno al futuro de esta importante vía no pasen
por alto la voz de las comunidades rurales, quienes históricamente han sido
marginadas de los grandes procesos de planeación de infraestructura.
La admisión de esta acción
popular representa un llamado de atención a las entidades nacionales encargadas
de la planeación vial, y una muestra del interés creciente de las autoridades
locales por garantizar justicia territorial y participación ciudadana efectiva.
La Personería de Chinchiná, en nombre de la comunidad, exige que no se continúe
diseñando el futuro de las vías del país sin tener en cuenta a quienes las
habitan, las transitan y, muchas veces, las padecen.