En Colombia, las crisis no solo se manifiestan
en el ámbito de la seguridad y el empleo, existen otros sectores que, a pesar
de enfrentar dificultades extremas, han optado por un silencio estratégico, a
veces cómplice, esperando pacientemente soluciones que deben provenir del
Gobierno, las que en muchas ocasiones no llegan o simplemente se dilatan de
manera inexplicable. Sin embargo, este Gobierno, entre mesas de diálogo
interminables y promesas sin acción, ha permitido que problemas estructurales
asfixien a sectores clave como el agrícola, el transporte y el
minero-energético.
Después de cinco meses de reuniones
infructuosas y sin acuerdos tangibles, el sector arrocero decidió tomarse las
calles y convocar un paro indefinido. La razón: los bajos precios de compra de
la cosecha, la sobreoferta del grano por las importaciones masivas desde
Estados Unidos y Ecuador, la falta de políticas en materia de créditos, los
abusos de parte de algunas molineras, los altos costos de semillas
certificadas, entre otros reclamos airados que hacen los cultivadores del
grano.
Departamentos como Huila, Tolima, Meta,
Casanare y Norte de Santander están paralizados por agricultores que solo
buscan salvar su economía, evitando que las perdidas los lleven a la ruina,
pues el mercado les ofrece precios de compra muy por debajo de los costos de
producción, al punto que entre más tierra tienen, más dinero pierden.
Esta crisis no lleva una semana, tampoco un
mes, lo que permite afirmar que los ánimos ya están caldeados y los productores
están bastantes exasperados, pero el gobierno pareciera no darse cuenta, ante
lo cual cabe preguntar: ¿qué tan alto debe ser el costo del descontento para
que el Gobierno reaccione?
En contraste con lo que viene ocurriendo con
los arroceros colombianos, en otros países las políticas proteccionistas y de
subsidio a la producción alimentaria son motivo de orgullo y defensa de sus
economías. Sin embargo, en Colombia, los aranceles flexibles han abierto la
puerta a importaciones descontroladas, hundiendo a los productores nacionales.
Este paro de los arroceros amenaza con
desestabilizar la economía de al menos 190 de los 1.104 municipios del país,
una cifra que debería ser suficiente para que el Gobierno entienda la urgencia
de un acuerdo y sobre todo de una solución, rápida y eficaz.
No se trata de organizar mesas de diálogo para
levantar el paro y después incumplir, como ha venido ocurriendo con los
transportadores, los que han advertido sobre un paro indefinido, y no por falta
de acuerdos con el gobierno, sino por el incumplimiento de los pactos
alcanzados meses atrás. Lo firmado quedó en el papel, pero en la práctica, las
soluciones siguen sin materializarse.
A este panorama se suma la crisis del sector
minero-energético, golpeado por una transición energética necesaria pero mal
planificada y mal implementada. Una transición que en lugar de generar
estabilidad, ha traído consigo aumentos en las tarifas y una caída en la
inversión extranjera.
La situación ha llamado tanto la atención que
la Comisión Quinta de la Cámara y la Comisión Tercera del Senado, han citado a
debate de control político a la Ministra de Agricultura, Martha Viviana
Carvajalino, pues alguien debe responder por la crisis de los arroceros.
Mientras tanto, los colombianos seguimos en la
espera de que el Gobierno pase del discurso a la acción. Nos queda aferrarnos a
la palabra que nos enseñó la crisis sanitaria de hace cinco años y que parece
haberse convertido en nuestro único refugio: resiliencia.
El país debe salir en defensa de los
arroceros, pues de no hacerlo, los productores de arroz estarán en ceros.