Por: Oscar Fernando Cardona Suarez - Abogado.
El respeto por el dolor ajeno no debería estar condicionado por posturas políticas. Más allá de sus convicciones, toda persona debería demostrar humanidad y empatía ante el sufrimiento de los demás. ¿Qué podemos esperar de quienes, por defender a un político de dudosa reputación, son incapaces de reconocer el dolor ajeno e incluso revictimizan a las personas afectadas?
Con frecuencia, quienes no hemos vivido directamente el conflicto armado tendemos a minimizar o desestimar las luchas por la verdad, la justicia y la no repetición que exigen las verdaderas víctimas. Sin embargo, en Colombia no podemos tapar el sol con un dedo: las ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por un sector de la fuerza pública y, en algunos casos, toleradas o incluso incentivadas desde el estamento, son una realidad que no puede ser ignorada.
Reconocer estos hechos no es un ataque a las instituciones, sino un compromiso con la memoria, la dignidad de las víctimas y la construcción de una sociedad más justa.
Resulta paradójico que quienes vandalizan un mural en homenaje a la lucha de las Madres, en memoria de los desaparecidos de la Comuna 13 durante la Operación Orión y otros hechos criminales, se atribuyan potestades que no les corresponden. Si consideraban necesaria la “recuperación” de esas paredes, lo correcto habría sido acudir a las autoridades competentes para que, dentro del marco legal, se determinara la restauración o intervención del espacio.
Es decir, hay quienes proclaman defender la institucionalidad y la legalidad, pero recurren a vías de hecho y comportamientos ilegales para justificar su supuesta protección del orden. Paradójicamente, muchos de ellos viven de los recursos públicos y trabajan en instituciones encargadas de velar por los derechos de las víctimas, mientras desprecian los mecanismos de justicia transicional.
Seamos coherentes. Y, sobre todo, seamos humanos.