La Corte Constitucional tumbó las restricciones que impedían la libre comercialización de aguardientes entre departamentos, abriendo un nuevo escenario de competencia en el mercado nacional. La decisión, que declaró inconstitucional el artículo 28 de la Ley de Licores de 2016, permitirá que marcas como el Aguardiente Cristal y el Aguardiente Amarillo de Manzanares puedan ser comercializadas sin restricciones en todo el país.
Uno de los principales efectos económicos del fallo será el incremento en las rentas departamentales. Dado que los impuestos sobre la venta de licores financian sectores clave como la salud y la educación, una mayor comercialización de aguardiente en el país podría traducirse en más recursos para estas áreas.
Hasta ahora, las restricciones limitaban la oferta en varios departamentos, obligando a los ciudadanos a consumir solo el aguardiente autorizado por cada gobernador. Con esta nueva normativa, los consumidores podrán escoger libremente entre una mayor variedad de productos sin trabas burocráticas.
La Industria Licorera de Caldas (ILC) celebró el fallo, destacando que la medida no solo favorece a los productores sino que también impacta positivamente en la economía, al eliminar barreras artificiales que limitaban la oferta y restringían la libre competencia. "Este es un paso trascendental para la industria de licores en Colombia. Ahora los consumidores podrán elegir el aguardiente que prefieran sin imposiciones locales", afirmó Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC.
“Cada botella vendida genera ingresos para los departamentos, sin importar la marca o su origen. Con esta apertura, se espera que el consumo aumente, lo que beneficiará directamente las finanzas de los entes territoriales”, señaló el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel.
“La competencia impulsa la innovación. Esto obligará a las empresas a mejorar la calidad y diversificación de sus productos, lo que se traducirá en mejores opciones para el consumidor”, afirmó Jorge Enrique Sánchez, uno de los demandantes de la norma.
Con este fallo, se marca un hito en la industria licorera del país, dejando en manos del mercado y del gusto de los colombianos la decisión de qué aguardiente quieren consumir.