Es urgente establecer una legislación que regule los salarios de los congresistas y altos funcionarios, asegurando incrementos diferenciados según los niveles de ingreso para evitar la desproporción y aliviar la inequidad salarial en Colombia.
Por: José Octavio Cardona León - Representante a la Cámara.
El
salario de los congresistas de Colombia es uno de los asuntos que más debate
genera cada año por estas calendas, puesto que auspicia un sentimiento
generalizado de rabia e impotencia cuando un ciudadano advierte que su salario
mínimo sube $123.500 pesos, mientras que los padres de la patria y otros altos
funcionarios ven aumentar sus dietas de manera significativa, en cifras que
superan varios millones.
Muchos
parlamentarios gritan cada año que presentarán una nueva propuesta para rebajar
el salario de los congresistas, lo cual, si bien es absolutamente necesario y
además da réditos políticos, no es menos cierto que se tiene que hacer, pero de
la manera adecuada, en el momento oportuno y sin duda ese momento es ya, pero
no para que se rebajen los salarios actuales, sino para que se rebajen los
futuros y se hagan los ajustes pertinentes, como lo explicaré más adelante.
Empezaré
por decir que el salario de los congresistas tiene reflejo en otros salarios
del país, asunto este que se encuentra fundado en el art. 15 de la ley 4 de
1992, el cual dispone (…) “Los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima
especial de servicios, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los
percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del
Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública (…)”. Como se ve, la
asignación salarial de los unos, tiene reflejo en los otros.
Ajustar el salario de
los congresistas es una necesidad, sobre todo porque de mantenerse el asunto
como viene, el crecimiento será desbordado, con salarios exagerados en el corto
y mediano plazo, los que, a pesar de las retenciones y deducciones que son
cercanas al 35% del total del ingreso, siguen siendo bastante altos para
nuestro medio.
La verdad sin muchas
vueltas es que NO ES LEGAL rebajarle el salario a una persona, tal como lo
dispone el art. 50 del CST, para el sector privado, asunto que para el sector
público se entiende considerado en el art. 53 de la C.P., con respaldo y
confirmación en sentencia C-1433
de 2000 de la corte constitucional, por lo que el salario siempre debe
mantenerse o subir, salvo que medie renuncia voluntaria a ese derecho, además
habrá que decir que para el caso de los altos salarios del estado colombiano, no
es que haya mucha voluntad dentro del congreso para auto regularse, por lo que se
hace necesario proponer una solución que resuelva este asunto. Esa solución es
una ley que defina nuevas asignaciones salariales para el congreso que inicia
el año entrante, de esa manera los actuales congresistas no tendrían mayor
resistencia y se resolvería un asunto que necesita una respuesta urgente para
resolver una inequidad tan inmensa.
Otra salida bastante
viable es el establecimiento de una ley que regule los incrementos salariales,
pues no resulta válido y mucho menos aceptable, que no se tengan tratamientos
diferenciales según los rangos de asignación.
Mientras a un
trabajador del sector privado que gana el salario mínimo le suben el 9.54%, lo
cual le significa $123.500 adicionales, y lo pregonan como la mejor noticia
laboral de la historia, a un servidor público de alto rango como magistrado,
general, procurador, contralor, defensor o congresista le suben más de 4
millones mensuales y de eso pocos se ocupan.
No es lo mismo subirle
el 10% a un salario mínimo, que subirle ese mismo porcentaje a un salario de 40
millones.
En Colombia estamos en
mora de establecer una norma que establezca que los aumentos salariales de los
trabajadores del sector público deben ser inversamente proporcionales al
salario, de tal manera que los que menos ganen reciban aumentos iguales al IPC más
uno o dos puntos, y los que más ganen reciban aumentos iguales al IPC menos 3 o
4 puntos, con lo cual los salarios más altos se empezarían a estabilizar, pues
de seguir como vamos tendremos la necesidad de seguir subiendo impuestos para
seguir subiendo salarios, y esa no es ni puede ser la razón de ser del estado.
La ley
de ajustes salariales es una necesidad urgente que debe ser promovida por el
gobierno nacional en este periodo del congreso, para lo cual debe haber todo el
compromiso de los partidos, buscando de esta manera que las asignaciones
salariales más altas sean ajustadas a la realidad fiscal y social del país, y
sobre todo para que no sea una vergüenza tener SALARIO DE CONGRESISTA.