Por: Felipe Jaramillo Sánchez – Concejal.
El año pasado, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) iniciaron actividades a finales de febrero, y los niños ingresaron exactamente el día 28. Mientras tanto, las docentes, auxiliares y manipuladoras de alimentos terminaron su labor en los primeros días de diciembre. Hoy, al finalizar enero, aún no hay claridad sobre la reactivación de estos espacios, lo que representa una grave afectación económica para estas profesionales, quienes continúan siendo vulneradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Esta situación no solo
afecta a las trabajadoras, sino también a los niños y niñas que dependen de
estos centros para su alimentación y desarrollo. Durante dos meses al año,
cientos de menores ven interrumpido su proceso nutricional, ya que, en muchos
casos, la alimentación que reciben en estos establecimientos es la única comida
del día.
Además, muchas familias han
sufrido las consecuencias de este retraso. En 2024, conocí varios casos de
padres y madres que se vieron obligados a renunciar a sus empleos para asumir
el cuidado de sus hijos, una labor que, a pesar de su importancia, sigue siendo
poco valorada. Para muchas madres, esta decisión significó perder su sustento.
En Chinchiná, acceder a una niñera o a un jardín infantil privado es un
privilegio al alcance de pocos. Peor aún, algunos padres, al no contar con
alternativas, dejaron a sus hijos solos en casa mientras trabajaban, lo que
llevó a que fueran denunciados ante entidades como el ICBF y la Comisaría de
Familia.
El año pasado, la Cámara de
Representantes citó a la Directora Nacional del ICBF a un debate de control
político para que respondiera por la demora excesiva en la apertura de estos
programas de primera infancia. Sin embargo, la funcionaria nunca asistió,
dejando sin respuesta a cientos de familias afectadas.
Es importante aclarar que el
ICBF es una entidad centralizada, lo que significa que las direcciones
territoriales, como la de Caldas y el Centro Zonal Centro sur con sede en
Chinchiná, no tienen autonomía para asignar recursos ni para abrir los CDI.
Todo depende de las directrices emitidas desde la capital.
Entendemos que el proceso
anual de adjudicación de operadores a través de licitación pública genera
demoras en la contratación de las organizaciones encargadas de gestionar estos
centros. Sin embargo, preocupa que, hasta la fecha, no se haya anunciado la
entidad ganadora de la licitación para este año. Lamentablemente, para los
habitantes de Chinchiná, la Asociación Mundos Hermanos no continuará con la
administración de estos programas, lo que genera incertidumbre sobre la calidad
y continuidad del servicio.
¿A quién le importa esta
situación? ¿A quién le interesa lo que pasa con nuestros hijos, con los padres
de familia, con las docentes, auxiliares, madres gestantes y manipuladoras de
alimentos que dependen de estos programas?
Como concejal del Municipio,
dejaremos un precedente y haremos un llamado de atención contundente. Exigimos
que se emita un comunicado oficial expresando nuestra inconformidad frente al
deficiente manejo del Gobierno Nacional en su política de atención a la primera
infancia. No podemos seguir permitiendo que se juegue con el bienestar de
nuestros niños y con el futuro de tantas familias.