La Procuraduría General de la Nación ha reiterado la necesidad urgente de realizar un cálculo adecuado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que contemple los estudios de diversos expertos en la materia y contribuya a superar la grave crisis que afecta al sistema de salud en Colombia.
La procuradora delegada para asuntos de salud, Diana Ojeda, envió un oficio al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando información detallada sobre el procedimiento que su cartera está adelantando para determinar el valor de la UPC correspondiente al año 2025. Esta cifra es crucial para la financiación del sistema de salud, y su fijación se encuentra en el centro del debate debido a la situación crítica que enfrenta el sector.
En su comunicación, Ojeda destacó la urgencia de realizar un cálculo "suficiente" de la UPC, que tome en cuenta las recomendaciones de los expertos y que permita afrontar la grave situación del sistema de salud. La Procuraduría instó al Ministerio de Salud a cumplir con la normativa vigente y encontrar una solución viable a la crisis financiera y humanitaria que afecta a los colombianos.
La Procuraduría advirtió que el proceso de fijación de la UPC debe ser estructurado de manera cuidadosa, considerando elementos actuariales que reflejen tanto los cambios demográficos como los epidemiológicos. Además, destacó la importancia de utilizar datos representativos reportados por todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS), incorporando los ajustes necesarios por inflación y frecuencia.
En su oficio, la procuradora también expresó la preocupación de la entidad sobre la necesidad de encontrar un valor adecuado para la UPC, que no solo cubra las necesidades de los colombianos, sino que también evite agravar la crisis del sistema de salud. Señaló que, de no ser ajustada correctamente, la UPC podría profundizar la crisis existente y afectar la calidad y el acceso a los servicios de salud.
La Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud que entregue los documentos y conceptos relacionados con los análisis y recomendaciones del grupo técnico encargado de asesorar la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud. Este grupo es responsable de elaborar las bases para el cálculo de la UPC, y su trabajo es clave para garantizar la transparencia y la efectividad del proceso.
Asimismo, la entidad de control pidió que se proporcionen los nombres de los funcionarios que participan en las sesiones donde se está discutiendo y negociando el valor de la UPC. Esta solicitud busca asegurar la transparencia del proceso y que las decisiones se tomen de manera clara y fundamentada, en un momento tan crítico para el sistema de salud.
"La crisis financiera y humanitaria generada por las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud ha afectado la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos", concluyó la Procuraduría, subrayando la necesidad de adoptar medidas conforme a la normativa vigente para resolver la difícil situación que enfrenta el sistema de salud.
La Procuraduría continuará vigilante durante el proceso de fijación de la UPC para 2025, con el objetivo de garantizar que los valores establecidos respondan a las necesidades reales del sistema de salud y no agraven la crisis actual.