Analistas, dirigentes gremiales y
actores políticos coinciden en que el aumento del salario mínimo del 9,5 %
decretado por Gustavo Petro terminará por afectar gravemente al tejido
empresarial, compuesto en más del 90 % por micro, pequeñas y medianas empresas.
Tal como se esperaba, el presidente
Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo sin concertación con el
sector empresarial. Este hecho deja al descubierto la escasa voluntad del
Ejecutivo de dialogar con los empresarios.
Según un boletín de prensa emitido por
la Presidencia de la República, el salario mínimo se incrementará un 9,5 % para
la vigencia de 2025. Este porcentaje representa un aumento de $123.500,
ubicando la retribución en $1.423.500.
Así las cosas, el costo real del
salario mínimo, incluyendo todos los conceptos adicionales que lo integran,
alcanza un valor bruto aproximado de $2.417.403. Uno de los primeros en
pronunciarse al respecto fue el expresidente Álvaro Uribe, quien subrayó la
necesidad de ajustar las políticas impositivas para que los incrementos
salariales sean sostenibles, sin afectar la capacidad de pago de los
empleadores ni la generación de empleo.
“Para que los trabajadores tengan
mejor ingreso, que sea perdurable, como un salario mínimo más alto y una
jornada de trabajo más corta, se necesita que las empresas y los empleadores
tengan impuestos reducidos, normas laborales menos rígidas, seguridad,
gobiernos austeros y transparentes, con defensa de la iniciativa privada. De lo
contrario, los ingresos formales de los trabajadores se reducirán en empleos
informales y precarios, contratos de medio tiempo o pocos días a la semana, sin
dominicales, sin festivos y sin seguridad social”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, Bruce Mac Master,
presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), cuestionó que el
aumento se realizara sin tener en cuenta las razones técnicas expuestas por el
sector empresarial, advirtiendo que esta decisión podría generar consecuencias
negativas para empresarios y trabajadores.
“Las decisiones populistas terminan
siendo una fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro. Casi siempre se trata
de hacer anuncios que mucha gente celebra, pero que generan inmensos costos
para toda la sociedad, especialmente para los más vulnerables. Esto no es
nuevo, muchos mandatarios en el mundo ya lo han practicado, y los resultados
son más pobreza, menos desarrollo, mayor desempleo, mayor costo fiscal para el
Estado y, finalmente, desesperación de los gobernantes”, expresó Mac Master.
Desde la Asociación Colombiana de
Medianas y Pequeñas Empresas (Acopi) manifestaron su descontento con el
porcentaje decretado, ya que supera por casi tres puntos porcentuales la
capacidad de pago proyectada por este sector.
“El aumento del 9,54 % del salario
mínimo para 2025 está fuera del presupuesto de los pequeños y medianos
empresarios de Colombia. Dificulta el cumplimiento de la meta inflacionaria y
pone en aprietos la economía nacional y el presupuesto del Estado”, comentó
Rodolfo Correa, presidente ejecutivo nacional de Acopi.
Katherine Miranda, representante a la
Cámara por la Alianza Verde y Centro Esperanza, respaldó la posición de Acopi,
destacando con cifras el impacto negativo que este aumento tiene sobre más del
90 % del tejido empresarial del país.
“¿Cuándo entenderán que hablar de
empresariado no es hablar de Ardila Lülle ni Sarmiento, que representan el 0,44
%? Las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas, el emprendedor que
no tiene más de cinco empleados, que a duras penas llega a fin de mes. ¡Son
quienes están cerrando sus negocios porque el gobierno los ahoga y la economía
no despega!”, escribió Miranda en su cuenta de X.
Finalmente, la líder de la oposición y
precandidata presidencial María Fernanda Cabal aseguró que, al intentar
"favorecer" a los más pobres y afectar a los "ricos", el
gobierno termina haciendo lo opuesto.
“Lamentablemente veremos cómo
aumentará el desempleo, la inflación y se elevarán los costos de producción.
Este es un país de mipymes que enfrentará las dificultades generadas por
decisiones alejadas de la realidad económica de Colombia”, concluyó Cabal.