En
lo que va de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha realizado 51 viajes
internacionales, generando un impacto ambiental de 14.806.545 kilogramos de
CO₂ y costos que superan los $6.958 millones de pesos,
según reveló esta mañana la senadora María Fernanda Cabal en una publicación en
X con el hashtag #HipocresíaHambiental. Estas cifras ponen en tela de
juicio la coherencia entre el discurso ambientalista del mandatario y las
prácticas de su gestión.
Desde
su posesión el 7 de agosto de 2022, los desplazamientos internacionales de
Petro, que incluyen nueve visitas a Estados Unidos (Nueva York, Washington, San
Francisco, Hawái y Chicago), representan un total de 151 días fuera del país,
es decir, casi cinco meses. Según datos de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), cada vuelo intercontinental puede generar entre 1 y 3
toneladas de CO₂ por pasajero, dejando un impacto ambiental
significativo.
En
2024, sin contar los viajes a Uruguay y México, los desplazamientos
internacionales tuvieron un costo de USD 752.000 (aproximadamente $3.295
millones COP) y $1.742 millones en combustible. Además, los gastos
en alojamiento para ese periodo ascendieron a USD 16.174,31 (unos $71
millones COP).
A
nivel interno, Petro realizó 194 viajes nacionales durante 2024, con un
costo en combustible de $1.920 millones COP. En total, los viajes
nacionales e internacionales de ese año sumaron $6.958 millones COP.
Adicionalmente,
la senadora Cabal denunció que la utilización del avión presidencial (Boeing
737-700 BBJ) ha causado una depreciación estimada en $12.869 millones COP,
ampliando aún más el impacto económico.
La
senadora María Fernanda Cabal señaló que estos gastos son incongruentes con las
reformas promovidas por el gobierno, que afectan los bolsillos de los
ciudadanos. “Es inadmisible que, mientras se piden sacrificios a los
colombianos, los recursos públicos se utilicen de forma tan desmedida”, expresó
Cabal, haciendo énfasis en la contradicción entre el mensaje ambientalista y
las acciones del presidente.
Las
cifras y el análisis revelados abren un debate sobre la coherencia y la
responsabilidad del gobierno en su discurso y prácticas, planteando
interrogantes sobre el verdadero compromiso ambiental y el manejo de los
recursos del Estado.