En
Chinchiná Caldas, una serie de amenazas presuntamente emitidas por grupos
armados ilegales, a través de redes sociales ha encendido las alarmas en la
comunidad. Las “advertencias” dirigidas contra ciudadanos han provocado
desplazamientos forzados y han incrementado el clima de temor en la región.
Aunque
las autoridades departamentales han declarado que no se ha confirmado la
presencia de grupos ilegales en la zona, afirmaron estar investigando la
autenticidad de las publicaciones. Sin embargo, esta situación expone una grave
vulneración de los derechos humanos y pone en entredicho la percepción oficial
que presenta a Caldas como "un remanso de paz".
El
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) Caldas calificó
estas acciones como un grave retroceso en la convivencia pacífica y la
seguridad ciudadana, señalando que la falta de protección por parte de las
autoridades incrementa la vulnerabilidad de las víctimas y profundiza la
crisis.
En
un comunicado, el CPDH exigió al Gobierno Petro y a las autoridades pertinentes:
- Implementar de manera inmediata medidas
de protección para las personas amenazadas.
- Realizar investigaciones rápidas y
efectivas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
- Fortalecer estrategias preventivas
contra la violencia, promoviendo la participación comunitaria y el respeto
por los derechos humanos.
Además,
hicieron un llamado a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad
internacional para que monitoreen la situación, instando a que se reconozca y
atienda esta problemática estructural que afecta gravemente a la región.
Este
episodio resalta la urgente necesidad de abordar las dinámicas de violencia en
Caldas, dejando de lado las narrativas que invisibilizan el sufrimiento de las
víctimas y frenan la búsqueda de soluciones efectivas.