Por: Juan Camilo Betancourt Grajales - Abogado.
Bien
es sabido que, la corrupción ha sido uno de los problemas más arraigados y
destructivos en la historia de Colombia, pues, a pesar de ciertos avances en
áreas como la paz y la inclusión social, este fenómeno continúa minando la
confianza de los ciudadanos en las instituciones y obstaculizando el desarrollo
sostenible del país. Los recientes escándalos que han sacudido al poder
político y al sector privado subrayan la urgencia de un combate efectivo contra
la corrupción.
Uno
de los principales desafíos en esta lucha es la impunidad que rodea a la
mayoría de los casos. Aunque Colombia posee un marco legal y una Fiscalía
General con la capacidad para investigar, la percepción general es que muchos
delitos quedan sin castigo. Según un informe de Transparencia Internacional,
aproximadamente el 70% de los colombianos considera que la corrupción es un
fenómeno generalizado y que las instituciones no están haciendo lo suficiente
para enfrentarlo. Esta desconfianza no solo crea un ambiente desfavorable para
los negocios, sino también socava el tejido social y la cohesión comunitaria.
Los
escándalos recientes, como el de los "contratos de la pandemia", han
revelado fallas graves en la gestión de recursos públicos. Se descubrió que
varios contratos para la adquisición de bienes y servicios se adjudicaron sin
la debida transparencia, lo que resultó en la detención de funcionarios y
empresarios implicados. Esta situación destaca la necesidad de reforzar los
mecanismos de control y auditoría en las instituciones responsables, así como
la importancia de incentivar una mayor participación ciudadana en la vigilancia
de la gestión pública.
El
combate a la corrupción no debe ser un esfuerzo únicamente del gobierno, sino
un compromiso de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales que
se especializan en la vigilancia y denuncia de actos corruptos son
fundamentales para promover la transparencia y la rendición de cuentas, pues,
según señala la periodista María Jimena Duzán, “cuanto más organizada esté la
sociedad civil, mayor será la presión sobre las instituciones para actuar con
integridad”.
Además,
la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) desempeña
un papel crucial en esta lucha, en razón a que, las plataformas digitales que
permiten la denuncia anónima y las aplicaciones para seguir la ejecución
presupuestal empoderan a los ciudadanos y facilitan el acceso a la información.
Por lo cual, esto convierte a la modernización del trabajo de entidades como la
Contraloría General en esa tarea esencial.
La
lucha contra la corrupción en Colombia es un imperativo nacional que exige un
esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional.
La construcción de un país más transparente, donde los recursos públicos se
gestionen de manera eficaz, es una tarea urgente, en donde, la voz activa de un
pueblo informado puede ser el motor de un cambio significativo hacia la
legalidad y la justicia.