El Estado, en su papel de garante de la convivencia y la seguridad, ejerce control sobre la libertad de los ciudadanos a través de leyes y normativas, resaltando la necesidad de mantener un equilibrio entre la seguridad colectiva y el respeto a las libertades individuales.
Por: Oscar Fernando
Cardona Suarez. Abogado.
Los problemas de
convivencia que a diario son atendidos por la Policía Nacional y por las
inspecciones de Policía son una muestra del poder coercitivo que los gobiernos
ejercen sobre sus ciudadanos, siempre nos han explicado desde la filosofía del
derecho el contrato social, en donde los ciudadanos le entregamos parte de
nuestra libertad a un ente ficticio que denominamos Estado y que está
representada en todo el conjunto de instituciones públicas para que esté
garantice el libre ejercicio de los
derechos por parte de los ciudadanos.
Para vivir en sociedad y
mantener las buenas relaciones sociales es necesario que existan personas que
controlen el comportamiento de las personas y se aseguren hasta utilizando la
fuerza física y el poder disuasivo de la aplicación de medidas correctivas y
penas privativas de la libertad, para que los ciudadanos lleguen a tener un
comportamiento ideal, un ejemplo de esto es el ciudadano que riñe en la calle
se puede hacer acreedor de una multa conforme al Código de Nacional de
seguridad y convivencia ciudadana; y así lograr desincentivar la comisión de
estos hechos.
Esto se da, porque los
ciudadanos le damos la facultad a través del constituyente primario con la
voluntad del pueblo escrita en la constitución nacional al Estado para que
expida normas que limiten el comportamiento de los ciudadanos, para garantizar
la buena convivencia, por ejemplo, a través del código penal se le impone una
sanción de privación de la libertad a los ciudadanos que cometen delitos como
el homicidio, las lesiones y demás delitos, como medida de disuasión individual
al ciudadano que la comete, pero también como mecanismo de disuasión colectiva
donde a través de las condenas se muestra a los que quieran cometer algún
ilícito que este puede tener consecuencias.
Una tensión muy
interesante que se dio en las últimas semanas en Colombia fue la posible la
compra del Software Pegasus a Israel, este se utiliza para vigilar las
comunicaciones de los ciudadanos y en su uso menos dañino, interceptar las
comunicaciones entre delincuentes para evitar la comisión de delitos, pero, la
privacidad de los ciudadanos estaría en riesgo y podrían ser vistas por las
autoridades, o sea, dejarían de ser privadas, en el peor de los casos, estas
herramientas podrían ser utilizadas para fines de seguimiento políticos o para
fines personales.
Por consiguiente existe
una eterna tensión entre las libertades individuales y la seguridad colectiva
dentro del territorio, en el cual existe una delgada línea entre limitaciones
justas y que el Estado se extralimite en sus facultades y sea arbitrario en el
ejercicio del poder, como es el caso de Venezuela, en donde debido al poder del
Estado y al parecer al haber perdido las elecciones, de manera arbitraria se
atribuye el haber ganado esas elecciones.
El Estado es un Monstruo
de normas e instituciones que se han desarrollado a lo largo de la historia de
la Humanidad, donde se han perfeccionado unas instituciones que ejercen poder y
control sobre la población, desde un edificio, es más, desde una pequeña
oficina se toman decisiones que impactan en el total de la población y se
manejan los recursos que de una u otra manera los ciudadanos entregamos; debido
a esto debemos de estar siempre vigilantes a cómo el Estado ejerce las
atribuciones y el poder que los ciudadanos le entregamos, para que estos
siempre sean transparentes en la utilización de este, no abusen de él y que sea
utilizado para la protección del interés general y nunca para abusos
autoritarios, se deben de buscar las herramientas para garantizar la auditoria
necesaria de la utilización de estos poderes, crear mecanismos de control y
denuncia para que los ciudadanos en caso de abuso de las autoridades puedan
denunciarlo.