Por: Guido Echeverri Piedrahita - Senador.
Esta semana en la plenaria del Senado empezó a discutirse en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que pretende entregarle más recursos y más competencias a los departamentos, municipios y distrito de Colombia.
Los cinco debates precedentes no tuvieron mayor difusión mediática y fue necesario el pronunciamiento de algunos sectores gremiales y académicos para que el tema ganara relevancia informativa.
Anif y Fedesarrollo expresaron su preocupación aduciendo que el proyecto podría meter al Estado en graves dificultades fiscales; el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el director general de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, opinaron en el mismo sentido.
Tantas y tan importantes posiciones públicas, alentaron la atención, ahí sí, sobre un asunto que, sin duda, es el más importante que se tramita hoy en el Congreso de la Republica. Se trata de discutir las relaciones de poder entre el centro y la periferia de Colombia, y de avanzar de una vez por todas en el propósito de construir un Estado más eficiente, menos lejano, más democrático, menos corrupto.
James Robinson y Daron Acemoğlu, laureados este año con el premio Nóbel de Economía en compañía de Simon Jonhson, nos vienen advirtiendo desde 2102, cuando publicaron su famoso texto Porqué Fracasan los Países, los Orígenes del Poder, la Prosperidad y la Pobreza, sobre la importancia de las instituciones en el desarrollo de las sociedades.
Pues bien, Colombia ha sido puesta en ese texto como evidencia empírica de un Estado ineficaz, medio fallido, donde imperan instituciones políticas extractivas: “…Colombia no es un caso de Estado fracasado. Sin embargo, es un Estado con una autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio. Aunque el Estado pueda proporcionar seguridad y servicios públicos en grandes áreas urbanas como Bogotá o Barranquilla, existen partes significativas del país en las que proporciona pocos servicios públicos y prácticamente ninguna ley y orden”.
Pero
como suele ocurrir a veces en Colombia, en este caso también matamos el tigre y
nos asustamos con el cuero: dadas algunas dificultades fiscales de la segunda
mitad de la década del 90, no se encontró otra salida que no fuera reversar esa
decisión de la Constituyente; los actos legislativos 1 de 2001 y 4 de 2007 lo
hicieron. Hoy las entidades territoriales reciben apenas un poco más del 20% de
los ingresos corrientes de la nación.
El acto legislativo que cursa en el Congreso pretende volver al espíritu de la Constitución de 1991 y concretar el mandato consagrado en el art. 1 de nuestra Carta Fundamental según el cual, Colombia se organiza como un Estado unitario, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales.
Naturalmente vendrá luego una ley que baraje de nuevo en materia de competencias atribuibles a las entidades territoriales, todo sobre la base de garantizar una mejor administración del territorio, servicios y bienes más cercanos a la ciudadanía, más control social de las comunidades locales y regionales al gasto público, más eficiencia en la ejecución de los recursos. Todo sobre la base de un adelgazamiento del Estado Central. ¿Saben cuántos nuevos contratos de prestación de servicios se han suscrito este último año en la administración central?: 217.000 (¡!)