No es secreto que, en Colombia, el
reciente enfoque en implementar medidas más severas contra los delitos que
afectan a niños y adolescentes ha desatado un torrente de opiniones. Si bien
muchos aplauden la intención de crear una justicia rápida y efectiva, queda en
el aire la pregunta: ¿realmente será esta una solución duradera al problema de
la impunidad?
Por un lado, la Corte Constitucional ha
dejado claro en sus sentencias que, el Estado tiene la obligación de proteger a
los más vulnerables. La sentencia T-752 de 2016 subraya que “la protección de
los menores debe estar por encima de cualquier consideración”, lo que evidencia
la necesidad de activar mecanismos judiciales que garanticen esta protección.
Sin embargo, como ha advertido el abogado penalista Gonzalo García, “una
respuesta punitiva inmediata no garantiza que se aborden las causas profundas
de la criminalidad. Necesitamos un enfoque integral que incluya la educación y
la prevención”, en aras de satisfacer los componentes que identifican toda
pena, para poder demostrar el cumplimiento del principio de seguridad jurídica.
Por otro plano, la Ley 1773 de 2016,
que establece medidas más drásticas para los delitos contra la infancia, ha
sido una doble espada para muchos juristas. La abogada María Fernanda López
argumenta: “Si bien es imperativo endurecer las penas, hacerlo sin considerar
el contexto social solo perpetúa ciclos de violencia y marginación. La rapidez
en la justicia puede parecer efectiva, pero podría convertirse en un mero
espectáculo”.
Asimismo, la Corte Suprema ha resaltado
en su jurisprudencia que las condenas deben ser proporcionales y orientadas no
solo a castigar, sino a rehabilitar bajo el marco de la integralidad a quienes
sean objeto de investigaciones penales.
Hoy, al mirar las cifras de delitos
contra menores, uno se siente aterrado y tentado a pensar que algo está
fallando. La percepción de que una justicia severa actúa como un disuasivo ante
los criminales es una ilusión que hemos abrazado con fervor. Sin embargo, las
opiniones de expertos nos advierten del profundo riesgo de pensar que “más
cárcel” es sinónimo de “más justicia”.
Pues, la serenidad que se busca en una
sociedad verdaderamente justa no puede lograrse a través de soluciones rápidas
y de poca eficacia. Para erradicar la impunidad, debemos mirar más allá del
castigo; necesitamos de un enfoque que incluya educación, oportunidades y un
cambio cultural que proteja a nuestros menores. En este sentido, la verdadera
pregunta no es si la justicia puede ser rápida, sino si puede ser efectiva en
el largo plazo. Así, nos enfrentamos al dilema: ¿estamos dispuestos a trabajar
hacia un cambio duradero, o seguimos buscando soluciones instantáneas?
*Director General de la Firma de Abogados B; H& Asociados – Servicios Legales e Inmobiliarios y Director de la firma LEGALS.