los
políticos suelen destacar la importancia de los derechos de los niños en sus
discursos de campaña, en la práctica administrativa se priorizan las obras de
infraestructura, relegando la atención y protección efectiva de los derechos
fundamentales de los niños, especialmente aquellos en situaciones vulnerables,
como los hijos de madres solteras que trabajan los fines de semana.
Por:
Sergio López Arias – Personero Municipal.
En
los discursos de campaña, los políticos tienen absolutamente clara la prioridad
de los derechos fundamentales de los niños. No obstante, esa misma claridad
parece desvanecerse con el transcurrir de los días en el ejercicio
administrativo, donde el efecto del cemento en calles y grandes obras prioriza
la agenda del devenir público. Al final, serán estas las que dejen réditos
políticos: “lo que se vea, es lo que se
hizo”. Pareciera que, cuando hablan de los niños y jóvenes, se asume que
sus derechos están garantizados y que la necesidad del presupuesto público
podría ser parte de las agendas de las grandes obras de cemento.
No
es un secreto que los recursos públicos son finitos, especialmente para muchos
entes territoriales que hoy enfrentan profundos problemas de endeudamiento
público. Sin embargo, la prioridad en la inversión se sustenta en la
Constitución Política de 1991, en especial en los derechos fundamentales.
Cuando un mandatario de una entidad territorial, como ordenador del gasto, se
sienta con su equipo de gobierno a definir la ejecución del presupuesto, no
tiene una discrecionalidad absoluta; es decir, no es libre de decidir a su
antojo qué obras realizar en el territorio. Siempre tendrá un límite en los
derechos fundamentales establecidos en la carta política de 1991. Esta
situación obliga a las diferentes corporaciones públicas, Concejos municipales,
Asambleas departamentales y al Congreso de la República, que son los encargados
de aprobar el presupuesto respectivo.
En
este contexto, surge la pregunta: ¿Qué acciones administrativas garantizan en
sus municipios el cuidado y la protección de los niños, especialmente aquellos
hijos de madres solteras que deben quedarse en casa los fines de semana
mientras sus madres buscan formas de empleo para su manutención? Pregúntese por
un momento: ¿Qué hacen estas madres con sus hijos? ¿Dónde los dejan? ¿Bajo el
cuidado de quién? ¿Quién los alimenta? Es aquí donde nos encontramos con la
dura realidad de muchos territorios en Colombia, donde las madres solteras,
muchas de ellas con empleos nocturnos y de fin de semana, dejan a sus hijos
solos en casa desde el jueves, o al cuidado de vecinos, muchos de ellos
encargados de sus propios hermanitos, hasta el lunes o martes. Niños a merced
de la suerte, esperando que la vida les cuide y les proteja.
¿Acaso
en su territorio no sucede esta situación? Este es un llamado a los niveles del
poder ejecutivo, en particular en los municipios como núcleos del territorio.
No es posible seguir reconociendo gestiones centradas en cemento o eventos
artísticos cuando a muchos niños se les están vulnerando flagrantemente sus
derechos. Estas vulneraciones deben activar en el territorio a los órganos
garantistas de los derechos humanos, y, en su caso, proponer las acciones
constitucionales pertinentes que recuerden a esos mandatarios que los recursos
públicos deben priorizarse en lo más sagrado: los niños. No podemos ser
indiferentes e indolentes ante estas realidades; nuestros niños están en mayor
riesgo cada día, y los recursos públicos parecen alejarse de ellos. El problema
es que los mandatarios, o no ven las realidades, o el retumbar de sus equipos
de gobierno como comités de aplausos nublan su visión.
Felicitamos
el proyecto “Arrullo”, el primer jardín infantil nocturno del Valle del Cauca,
y esperamos que se replique en cada uno de nuestros territorios.