En su intervención en la
Cámara de Representantes, el concejal Jonathan Marín de Chinchiná abordó la
crítica situación que enfrentan los habitantes de este municipio, reconocido
como el epicentro del café en Colombia. Marín destacó la importancia de su localidad,
no solo como un símbolo de la cultura cafetera, sino también como un referente
mundial gracias a su única fábrica de café liofilizado en Latinoamérica.
El concejal subrayó que,
durante los últimos 27 años, los residentes de Chinchiná han tenido que lidiar
con la carga de cuatro peajes para acceder a las principales vías de
comunicación. “Estos peajes nos han mantenido en un estado de rezago logístico
y competitivo, afectando tanto a nuestra agroindustria como al turismo en el
paisaje cultural cafetero”, expresó. Además, mencionó que uno de los peajes,
Tarapacá 1, ha bloqueado el acceso a la vereda San Andrés, limitando a sus
residentes en aspectos fundamentales como la educación, la atención médica y la
comercialización de sus productos.
“Es inaceptable que nuestros
vecinos no puedan acceder a un hospital o que los niños no puedan ir a la
escuela debido a un peaje que les impide transitar libremente”, afirmó. Marín
hizo un llamado urgente a las autoridades, instando al presidente de la Agencia
Nacional de Infraestructura y al viceministro de Transporte a considerar las
necesidades de la comunidad. “No podemos aceptar la continuidad de estos peajes
por otros 30 años. Les pedimos que se lleven a Chinchiná en el corazón y que
actúen en favor de nuestros ciudadanos”, concluyó.
La intervención de Marín
subraya la necesidad de revisar la política de peajes en la región, abogando
por un futuro en el que el acceso a servicios básicos no esté condicionado por
tarifas que limitan la movilidad y el desarrollo comunitario. Su llamado a la
acción se erige como una demanda de justicia para los chinchinenses y una
defensa de su derecho a un desarrollo equitativo.
El concejal Jonathan Marín
estuvo acompañado por sus colegas Julián García, Camilo Muñoz, el diputado Luis
Alberto Giraldo y el representante Juan Sebastián Gómez.