Por Jonathan Marín Henao. Médico y Concejal de Chinchiná.
El proyecto Mil Viviendas, presentado como la
"revolución de la vivienda" por la gobernación de Luis Carlos
Velásquez en Caldas, prometía la construcción de 980 nuevas viviendas de
interés prioritario para los caldenses, con un costo estimado de $83 mil
millones de pesos.
Esta iniciativa se amparó en el derecho privado
bajo la Ley 1537 de 2012, lo que implicaba que no estaba sujeta a los
principios de contratación pública establecidos en la Ley 80. El modelo se
estructuró a través de una fiducia con dos patrimonios autónomos derivados: el
PAD1, destinado a municipios como Samaná, Pácora, Marquetalia, Salamina y
Viterbo, con un total de 312 viviendas, y el PAD2, para municipios como
Filadelfia, Marmato, Palestina, Chinchiná, Victoria, Aguadas, Neira, Riosucio,
Belalcázar y Samaná, con un total de 668 viviendas.
El consorcio Desarrollo Viviendas Caldas fue el
encargado de la construcción, el consorcio Interventoría Caldas 680 se encargó
de la interventoría y el comité fiduciario de la Gobernación de Caldas
supervisó el proyecto. La financiación del proyecto se estructuró de la
siguiente manera: un 11.44% proveniente de los municipios, un 45.78% de la
gobernación, un 2.17% del predio, un 6.29% de los beneficiarios y un 34.32% del
subsidio Mi Casa Ya. Esto implicaba que se necesitaban subsidios por un 40.6%
para lograr el 100% de financiación, lo que evidencia que el proyecto inició
sin un cierre financiero.
A pesar de la inversión y las promesas, después de
tres años de inicio del proyecto, los resultados han sido desastrosos para los
caldenses. Ninguna casa ha sido entregada, las obras se encuentran abandonadas
y están perdidos 12.5 mil millones de pesos entregados por concepto de
anticipos al contratista. En el caso específico de Chinchiná, donde se
contemplaba la construcción de 120 soluciones habitacionales, la ejecución del
proyecto apenas alcanza el 5%, se encuentra en estado de abandono y con deudas
a los trabajadores.
La falta de seguridad en la construcción ha
generado preocupaciones en la comunidad, con excavaciones profundas sin medidas
de protección adecuadas que ponen en riesgo de caídas a los niños y adultos
mayores que transitan diariamente por el lugar. Además, se ha evidenciado una
alta tasa de infestación de insectos, lo que aumenta el riesgo para la salud de
los habitantes colindantes ante la propagación del dengue.
Hoy las entidades de control ya se han pronunciado.
La contraloría informa 8 hallazgos administrativos, 5 disciplinarios y 1 fiscal
por posibles sobrecostos. La procuraduría el pasado 24 de julio abrió
investigación al interventor. ¿Para cuándo la investigación a Luis Carlos
Velásquez y los demás responsables del programa Mil Viviendas?
En medio de este panorama, surge el interrogante
sobre la responsabilidad de los implicados en el proyecto. Se cuestiona la
elección del constructor y se demanda una investigación exhaustiva para
determinar los responsables de este fracaso.
La pregunta fundamental es por qué a pesar de haber
entregado al constructor un anticipo del 30% y haberse completado solo el 9% de
la ejecución en obras en el departamento, se emitieron órdenes de pago por
actas parciales adicionales. ¿Quién autorizó estos pagos cuando no se había
justificado la inversión total del anticipo? Resulta curioso que coincidiera el
pago de estas actas parciales con un aparente avance de obra, para luego,
detenerse por completo.
¿Qué se hizo con el anticipo? ¿Cuál es la versión
del exgobernador al respecto? ¿Y la del interventor, el supervisor y la
secretaria de vivienda involucrados en el proyecto? Estos interrogantes son
clave para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades
pertinentes.
En conclusión, Chinchiná hoy tiene un lote
abandonado lleno de "huecos" mortales, 1700 millones de pesos
enredados y 120 familias engañadas con las que Luis Carlos Velásquez jugó
prometiéndoles un sueño que nunca llegó: tener casa propia.
PD: El pasado 5 de agosto, se esperaba la presencia
del secretario de vivienda del departamento en el concejo de Chinchiná. Sin
embargo, días antes informó que no asistiría y enviaría un delegado en su
lugar. Lamentablemente, el delegado de las Mil Viviendas no se presentó en la
sesión, sino que envió a otro representante para hablar sobre el plan
departamental de aguas, aparentemente pensando que pasaría desapercibido y que
nadie se pronunciaría al respecto. Esta falta de consideración del señor secretario
Jorge William Ruiz Ospina hacia los habitantes de Chinchiná es inaceptable e
irrespetuosa. Los Chinchinenses merecen respeto. Estas acciones no serán
olvidadas, y de seguro los votantes tendrán en cuenta estos desplantes en las
próximas elecciones.